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Fin del letargo colombiano
Análisis de la [eterna] - crisis en Colombia
Viernes 21 de mayo de 2021, por
Como uno de los miles de ciudadanos colombianos en el exterior que se encuentran estudiando un posgrado, me encuentro asqueado por la situación de orden público en Colombia. Actualmente resido en México, país que paga mis estudios de posgrado en una universidad pública gratuita y de calidad. Estudios de posgrado que no pude realizar en Colombia al no tener los suficientes recursos económicos y ante la ausencia de una política pública de educación superior que cobije a los jóvenes colombianos. Hoy más que nunca quiero manifestar mi rechazo y mi preocupación por la sistemática violación de derechos humanos en mi país por parte de las fuerzas del Estado en contra de la población civil. En redes sociales, y digo redes sociales en el sentido que paradójicamente son el medio de información que transmite en tiempo real la brutal represión del Estado puesto que los medios de comunicación arrodillados al poder están ocupados mostrando vidrios rotos y edificios pintados; en dichas redes sociales hay cientos de videos que muestran el ataque vil y cobarde con fuerza letal (balas de goma, balas de fuego, gases lacrimógenos disparados indiscriminadamente) de la policía y el ejército para con la sociedad civil, sin olvidar el ataque a la misión de verificación de la ONU y la OEA en la ciudad de Cali por parte de la fuerza pública. Quiero expresar mi apoyo a todas las personas que están arriesgando sus vidas en buscando una Colombia mejor, y digo arriesgando sus vidas porque el hecho de protestar en Colombia y alzar la voz contra el Estado es prácticamente una sentencia de muerte.
Colombia siempre parece estar en el pasado. Una sociedad sumamente conservadora, timorata, sumisa y quizás con razones de sobra. Cualquiera que viva en Colombia o verifique las estadísticas de la ONU, sabe que el ejercicio de los derechos humanos, el periodismo independiente y la cuestión agrícola son temas que ponen en peligro la vida. En la primera década de este siglo, América Latina en su mayoría cuestionaba los resultados del modelo neoliberal. Diez años después Colombia parece estar en ese lugar. Las razones son muchas. La reforma tributaria (la tercera en tres años, pero todas sin tocar las fortunas de los grandes capitales) es solo la punta del iceberg. Precarización del empleo (la reforma laboral del gobierno baraja la idea de pagar salarios por horas), la intención de gravar productos de la canasta familiar (como el café y los huevos), excesivo gasto en seguridad (renovación de coches y camionetas blindadas para personal legislativo, sin olvidar la intención de adquirir aviones de guerra, todo en plena pandemia), entrampamiento e incumplimiento al recién firmado acuerdo de paz (asesinato de al menos 250 firmantes de la paz), la destinación del presupuesto a una burocracia obsoleta y corrupta (creación de los ministerios de la ciencia y el deporte), la no reducción de los salarios de la rama legislativa y ejecutiva (hundimiento de una consulta anticorrupción), además de todos los casos de corrupción en proyectos de alimentación escolar y proyectos de infraestructura (Refinería de Reficar, irregularidades del PAE, sobornos de Odebrecht, desplome del puente de Chirijara) que parecen un escupitajo a una sociedad colombiana cada vez más empobrecida.
La generación que esta en las calles parece haber entendido que las oportunidades solo benefician a una parte mínima de la población. Se dieron cuenta que desde por lo menos el período considerado como “la violencia” (pensado a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hecho detonador del bogotazo) el país esta tomado por una élite que ha sumergido a la sociedad en una guerra en la que los muertos son los hijos de los más necesitados. Gobierno tras gobierno (algunos menos conservadores que otros) han sumido el país en un derramamiento de sangre, corrupción y fracasos económicos que parecen no tener fin. Año tras año, caudillos liberales o conservadores (partidos políticos tradicionales) se han turnado el poder y han coincidido en culpar al conflicto armado (desde el 2002 denominado terrorismo) como el elemento central que desangra a Colombia. Dentro de las bondades del proceso de paz, que no son pocas, hay que destacar el cambio de agenda. El proceso de paz con las FARC (ahora partido de los comunes) le quitó la venda a la sociedad colombiana y sacó a la luz los graves problemas de corrupción, desigualdad social y violencia estatal que antes no ocupaban primeras planas.
Soy poco optimista respecto a la situación en Colombia. El hartazgo social parece multiplicarse ante la amenaza del gobierno de declarar el Estado de Sitio. Me uno a la voz de millones de colombianos y de la sociedad internacional al exigir el retiro de las fuerzas armadas de las calles, el respeto por la vida y los derechos humanos y el esclarecimiento y judicialización de los asesinatos por la justicia ordinaria.
Estamos cansados de este y setenta años de gobiernos que no hacen sino empobrecer al pueblo; estamos cansados de los salarios de miseria y los empleos inestables o temporales; estamos cansados del entrampamiento al proceso de paz; estamos cansados del asesinato sistemático de líderes sociales y que no haya ningún capturado; estamos cansados de que disfracen a jóvenes de guerrilleros y les disparen por la espalda; estamos cansados del asesinato de niños por parte del ejercito colombiano aduciendo que son maquinas de guerra; estamos cansados de que los funcionarios públicos encargados de generar políticas públicas no sepan cuanto cueste un cartón de huevos; Queremos un país de oportunidades, un país en el que no tengamos que huir en busca de seguridad, en búsqueda de educación gratuita o en búsqueda de salud de calidad.