Poder Militar

Desde hace más de 30 años hemos documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

Este informe pretende contribuir a la discusión de esta realidad apremiante y a recordar, como lo hemos hecho, que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.

INTRODUCCION

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido una preocupación constante de organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh, desde hace décadas.

Después de la fundación del Centro en 1988, documentamos y constatamos cómo permanecían impunes los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia. Esta impunidad mostraba la autonomía relativa de la que gozaban las Fuerzas Armadas en el tradicional sistema político mexicano, pese a que discursivamente se afirmaba su subordinación plena a las autoridades civiles.

En los años noventa, tras el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de otras organizaciones armadas en Guerrero y Oaxaca, constatamos también que la lógica contrainsurgente de la "Guerra Sucia" no había sido desmantelada, pues impregnaba la reacción castrense ante esas expresiones.

Igualmente, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando fue modificado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) para dar asiento en éste a las Fuerzas Armadas, advertimos que era un paso hacia la militarización y acompañamos los esfuerzos por impugnar esas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el proceso que derivó en la Acción de Inconstitucionalidad 01/96.

Después, en el primer gobierno de la alternancia, denunciamos y documentamos la falta de rendición de cuentas del Ejército durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). En el caso conocido como Campesinos Ecologistas, que una década después llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), documentamos la práctica castrense de torturar detenidos y la colusión de militares con caciques locales vinculados al narcotráfico. También denunciamos la militarización de la procuración de justicia por la designación de un mando castrense como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y denunciamos la complacencia con el Ejército de la fallida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Posteriormente, cuando en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se decidió desplegar a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional para intensificar la “Guerra contra el Narcotráfico”, documentamos el aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina, tanto como su común secuela de impunidad. Publicamos en ese entonces el informe ¿Comandante Supremo? La ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que documentó la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

De manera similar, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) documentamos los abusos castrenses en episodios tan emblemáticos como el caso Tlatlaya, en los que constatamos la existencia de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos del Ejército. Especialmente, registramos y denunciamos la emisión de órdenes militares que podrían incentivar la violación de derechos humanos, como mostramos en el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Asimismo, documentamos la persistencia de la militarización, pese a las promesas de inicio de sexenio de conformar una gendarmería civil, en el informe Perpetuar el fallido modelo de seguridad: la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de polí-ticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos.

Así llegamos al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las promesas de campaña del entonces candidato generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad y, específicamente, sobre el posible inicio de una gradual desmilitarización de la seguridad pública. Sin embargo, muy pronto se anunció la creación de la Guardia Nacional; la participación en ésta de las Fuerzas Armadas comenzó a poner en duda las expectativas levantadas, aun cuando en principio la reforma constitucional por la que fue creada esta nueva corporación preservó su carácter civil y mantuvo abierta la posibilidad de generar controles exter-nos para impedir que fuese un vehículo para profundizar la militarización. Pero lo que ocurrió después acabó con cualquier expectativa. Las leyes secundarias de la Guardia Nacional se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas. Después, en mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacio-nal hasta 2024. Esto, como mostraremos, incumplió con las obligaciones internacionales de México y supuso una inédita entrega de funciones al sector castrense que, además, fue rematada con la decisión, tomada en octubre de 2020, de adscribir a los mandos territoriales del Ejército las unidades operativas de la Guardia Nacional.

De este modo, la militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones.

En contrapartida, algunos de los patrones documentados de violacio-nes a derechos humanos no han cambiado. No se ha llamado a cuentas a las Fuerzas Armadas por la “Guerra Sucia”; se ha prodigado impunidad en la mayoría de los crímenes castrenses de la "Guerra contra las Drogas"; y los casos nuevos de violaciones a derechos humanos no han desembocado en procesos de justicia y verdad.

Aun así, el 15 de junio de 2021, durante su conferencia matutina, el Presidente de la República anunció que promoverá una reforma consti-tucional adicional para asegurar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional –“como una rama”, así como existe la Fuerza Aérea, expresó el mandatario. Esta modificación, aseguró, se plantearía hacia el 2023 cuando “esté acreditado el funcionamiento” de la Guardia Nacional.

Ante esta realidad, desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que acompaña víctimas y retomando los importantes aportes de las múltiples voces que en estos años han advertido sobre los riesgos del creciente fortalecimiento castrense, este informe da cuenta del proce-so jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización en este sexenio, con la convicción de que ésta redunda en riesgos y con la congruencia de haberlo advertido así también ante gobiernos pasados.Tradicionalmente, la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones: primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia; segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.

Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración. Por ello, el presente informe quiere contribuir a la discusión de esta realidad apremiante y a recordar, como lo hicimos antes, que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

México, junio 2021

Consulta el informe completo en el archivo adjunto